El caso de Micaela García impactó
al país entero y el pedido
de justicia desencadenó en una ley para implementar la perspectiva de género en los
funcionarios.
El femicidio de una joven en una ciudad pequeña y tranquila de Entre Ríos causó gran conmoción en el país en abril del año 2017. La chica, que tenía 21 años, era una activa militante del #Niunamenos , contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Era de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay, donde cursaba el profesorado universitario de Educación Física.
El 1º de abril de 2017 Micaela García estuvo en una fiesta en el boliche King, de Gualeguay, la tradicional fiesta I en la que alumnos de la carrera de Educación Física de años superiores le dan la bienvenida a los jóvenes que inician la carrera. Dada las características de la ciudad tranquila y segura salió sola con destino su departamento. A las 5.23 del sábado envió el último mensaje a su novio, que estaba en Concepción del Uruguay, donde vivía, para contarle que ya estaba regresando a su casa.
Desde ese momento, no hubo señales de vida de la joven. La investigación se inició y a un importante ritmo.
Pero Micaela García fue interceptada esa madruga, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner. Una semana después, encontraron su cuerpo debajo de un árbol, en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12
Hubo grabaciones de cámaras de seguridad de casas y comercios que, puestas a disposición de la Justicia, permitieron reconstruir parte del recorrido de Micaela. Las filmaciones captaron también la imagen de un auto Renault 18 Break, color verde claro, que se trasladaba muy lento y en forma sospechosa.
Los investigadores centraron la atención en ese auto y descubrieron que era de Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estuvo preso por dos violaciones, y que tenía salidas autorizadas desde enero de 2016. Wagner se convirtió así en el principal sospechoso y comenzó a ser buscado. Si la Justicia hubiera actuado bien se podría haber evitado este femicidio
Con el correr de las horas quedó claro que estaba prófugo, Wagner salió el domingo de Gualeguay, y en la ruta nacional 12 abordó un camión que lo trasladó hasta la provincia de Buenos Aires.
Wagner fue detenido en Moreno seis días después, luego de que su madre y su hermano menor aparecieron en una comisaría momentos después de que Wagner regresare a la vivienda familiar.
El femicida debió haber estado preso, convicto por la violación de dos chicas, cuando Micaela se cruzó en su camino. Él estaba en la calle gracias a que el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi le otorgó el beneficio de la libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban.
Rossi, fue suspendido en sus funciones por mal desempeño por haber liberado el 1° de julio de 2016 a Wagner pero fue absuelto y volvió a su cargo.
Por este caso no pudo evitar el ex convicto que el 17 de octubre los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo lo condenaran a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género". También sentenciaron a cinco años por "encubrimiento" a su ex patrón, Néstor Pavón que se encargó de limpiar el auto usado por el femicida.
La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes en este tema. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional, provincial y municipal.
Los casos de Lucia Pérez, un juicio sin condena; Úrsula Bahillo, un femicidio evitable tras las repetidas denuncias y perimetrales contra su asesino y especialmente, el de Micaela García, quien tuvo la "mala suerte" de toparse con Wagner quien debía estar en prisión por otros dos abusos sexuales. Las denuncias se mantienen y hasta se multiplican, pero no son escuchadas. Las órdenes perimetrales no surten efecto porque no son respetadas y al ser violadas, tampoco se toman medidas contra los acusados porque se ignora la problemática de la violencia de género. Y como si fuera poco, cuando parece haber justicia, los fallos no están a la altura o se revierten en favor del femicida.
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