CASO ROMINA TEJERINA, VÍCTIMA CASTIGADA

     EL CASO DE  ROMINA TEJERINA 

vIVIÓ UNA PESADILLA DE  TERROR

VIOLADA, EMBARAZADA, SOSTENIÉNDO SU EMBARZO  EN SECRETO POR VERGÜENZA.  AL VER EL PRODUCTO DE LA VIOLENCIA, SU RAZÓN SE TURBÓ..... PERO LA JUSTICIA LE HIZO PAGAR A ELLA, CON CÁRCEL,  NO AL HOMBRE MAYOR QUE LA VIOLÓ, QUE SIGUE LIBRE E IMPUNE.

Romina Tejerina: diez años de lucha

Cuando fue liberada en junio de 2012, Romina Tejerina había pasado más de 9 años en prisión, condenada por infanticidio, por haber asesinado a su beba apenas nacida. Para las tres instancias judiciales por las que pasó su caso, no fue suficiente para reducir la pena la consideración del contexto de vulnerabilidad social en el que vivía, que la beba era producto de una violación y que podía haber actuado bajo el efecto de un estrés postraumático.

El caso de Romina se convirtió a lo largo de estos años en estandarte de lucha del movimiento de mujeres por concentrar la lucha contra algunos de los temas centrales del patriarcado: el mito de  la maternidad abnegada en el cual es imposible contemplar el homicidio  del hijo o la hija; la violación como “desahogo sexual” del varón y que, por tanto, debe quedar impune; y el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado. 

La justicia  falló en contra, incluso en la  Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Romina Tejerina tenía 18 años cuando fue violada en una pequeña y conservadora ciudad, San Pedro (Jujuy), por Eduardo Vargas, su vecino -un comerciante de 42 años y hermano de un policía- la madrugada del 1º de agosto de 2002 cuando salía de su casa para ir a bailar. Apenas una adolescente en manos de un adulto, que seguramente esa pequeña sociedad consideraba un hombre de bien. En el momento la joven ocultó la violación, por vergüenza, por miedo a represalias, por temor al que dirán, y luego hizo lo mismo con  el posterior embarazo producto de esa violación.. Cuando la beba nació, en el baño de la casa de su hermana, cegada por el odio y la vergüenza la mató a puñaladas, nunca hubiera podido ver con amor el fruto de la violencia y la impunidad, esa hija que la marcaría como joven madre soltera, restringiéndole la concreción de la realización de los sueños proyectados para su vida. En ese momento el caso se hizo público y Romina fue detenida.

En el juicio que se desarrolló en el 2005, la fiscal pidió "cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo". Si bien los jueces intervinientes desestimaron que Romina hubiera sufrido un brote psicótico que la impulsó a asestar las 18 puñaladas, disminuyeron la condena a 14 años entendiendo que se trataba de un homicidio simple debido al contexto de vulnerabilidad en el que vivía. Romina pertenecía a una familia de clase social media baja de San Pedro y Vargas era un hombre mayor, posesionado social y económicamente, frente al cual le habría costado situarse como víctima de su abuso, lo mismo que reconocer los sentimientos contradictorios de cursar un embarazo producto de una violación.

 La justicia consideró que no había habido violación y que, como había dicho Vargas, se había tratado de una relación consentida.

El primer fallo que condena a Romina a 14 años de prisión fue confirmado pocos meses después por la Corte Provincial. 

La defensa apeló  esperando de la Corte Suprema la disminución de la condena. La Corte Suprema, sin embargo,  en 2008 ratificó la sentencia. El voto en mayoría – Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton y Carmen Argibay- observó que la Corte no discute cuestiones de hecho –en este caso no le correspondería revisar si había habido o no emoción violenta- porque no se trata de un tribunal de tercera instancia. De esta forma, pretendían reducir la cantidad de casos que llegaran a la Corte porque no podían dirimirse en tribunales inferiores. El fallo de minoría en cambio – Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda – se inclinaba por la reducción de la condena o la no imputabilidad considerando la situación de particular vulnerabilidad que había atravesado Tejerina, transformándose en un alegato a favor de los derechos humanos de las mujeres.
 

En los años siguientes a que el caso se hiciera público, se sucedieron en el Parlamento Nacional varios intentos de restituir la figura del infanticidio en el Código Penal. La misma existía desde 1921 pero había sido quitada por error en los años ’90 cuando lo que se pretendió en verdad fue aggiornarla ya que incluía una mención a que la mujer podría cometerlo para intentar ocultar la vergüenza de un embarazo producto de una relación extramatrimonial. Sin embargo, esos intentos de la primera década del 2000 no prosperaron. En el 2010 finalmente un proyecto de la diputada nacional Diana Conti logró media sanción de la Cámara Baja pero luego no pudo ser tratado en el Senado. Recién ahora, con la reformulación del Código Penal, podría existir nuevamente la posibilidad de que la figura del infanticidio vuelva al Código.

Se trataría de restituir a las mujeres el derecho a no ser condenadas cuando actúan bajo efecto del estrés puerperal, un momento que suele generar confusión y desencuentro. 

La mayoría de los casos de infanticidios registrados en los últimos años,  no incluyen sólo el componente del puerperio, sino que se producen particularmente en mujeres que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, de sectores desprotegidos socialmente, mayormente del interior del país y en buena parte de los casos víctimas de abuso sexual. Es decir que el infanticidio llega como la explosión de una serie de desprotecciones previas que las mujeres no encuentran cómo procesar.  Se trata de una cadena de incumplimiento de derechos que debe reestablecerse con el acceso al infanticidio, y la condena social y judicial a los abusos sexuales.

Si bien estos temas avanzaron en la agenda política en los últimos diez años –hay menor tolerancia en general hacia la violencia de género, tenemos un fallo de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a cumplir con los abortos no punibles en casos de violación y está en debate en el Parlamento la libre interrupción del embarazo-, casi diez años después de que Romina Tejerina fuera encarcelada aun siguen en pie las banderas que transformaron su causa en estandarte de lucha de los derechos humanos de las mujeres.

 

Notas relacionadas en
 http://www.conectarigualdad.com.ar

“Impulsaré que el feminicidio vuelva al Código Penal”

Fuentes:

Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 27 junio, 2012
 Artículo de Comunicar Igualdad Agencia de noticias con enfoque de género
Contacto: info@comunicarigualdad.com.ar

Caso Marí Ovando una acusación de infanticidio en Misiones.

Judicialización de la pobreza, la ignorancia y la ausencia de instituciones tutoras de las mujeres.

Cuando es más fácil 
culpar a una mujer

María Ovando, víctima del analfabetismo, la pobreza, una educación patriarcal que la entregó casi niña a la violencia masculina, la indiferencia de los funcionarios municipales y provinciales, fue liberada por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Eldorado, Pcia de Misiones. Pero permaneció detenida durante 19 meses acusada por la muerte de una de sus hijas.

Las 20.000 firmas que clamaron a la justicia de Misiones la absolución de una mujer acusada de dejar morir por desnutrición a su hija de tres años lograron su objetivo. Un tribunal de Eldorado ordenó ayer la inmediata liberación de María Ovando, a quien se le imputaba "presunto abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo" de su hija Carolina el año pasado.

"Ahora, mi hija descansa en paz", dijo la mujer emocionada luego de conocer el fallo del Tribunal Oral Penal N° 1 de la localidad misionera, ubicada a 100 kilómetros de las cataratas del Iguazú.

El proceso comenzó hace un año, pero Ovando estaba detenida desde hacía siete meses y alejada del resto de sus hijos. Carolina era la antepenúltima de sus doce chicos. "Sufrí mucho para mantenerlos. Pasé hambre, golpizas. Mi casa era chica, muy chiquita, pero igual crié a todos mis hijos", relató Ovando, de 37 años.

En marzo del año pasado, Carolina empezó a quejarse de dolores muy fuertes en el estómago. Su madre la tomó en brazos para llevarla hasta un centro de atención sanitaria a  cinco kilómetros de su casa, ubicada en el Paraje Mado, no obstante la desesperación de la mamá, la nena murió. "Me decía que le dolía mucho el estómago. Me llevó tiempo llevarla al hospital porque no me paró ni un auto. Hice todo lo que podía hacer. No tenía plata ni nada, y salí a la ruta para llevarla al hospital. Mis hijos habían quedado solos", relató ayer ante el tribunal.

Y agregó: "Ella murió en mis brazos. No sabía qué hacer". Entonces, por miedo, decidió enterrarla en un monte de la zona para ocultarla. "Ella amaneció mal nomás y no sé ni por qué, como para decir que ella había comido algo que le hizo mal en el estómago, no estaba como empachada ni nada", detalló ante los jueces.

La fiscalía,que nunca había hecho nada por el bienestar de esa nena, había solicitado al tribunal una pena de cinco años de prisión. Finalmente reconoció que Ovando vive en una situación de pobreza estructural, aunque advirtió que eso no la exculpaba de sus responsabilidades. Sin embargo, no la responsabilizó de la muerte de su hija porque consideró que los médicos; que tampoco pudieron hacer nada por Carolina, cuando estaba en vida,  no fueron precisos al declarar durante el juicio.

En tanto, la defensa argumentó que se trataba de "un caso de criminalización de la pobreza". La abogada Roxana Rivas sostuvo ante el tribunal que "María es analfabeta" y que "el Estado jamás le informó que podía acceder a una asignación por ser madre de siete hijos", ni le otorgó ningún tipo de ayuda para criar a su familia.

La defensora sostuvo también que "está comprobado que en ningún momento abandonó a sus hijos. Al contrario, fue una madre que, a pesar de las vicisitudes y la pobreza, siempre se preocupó por ellos".

El tribunal decidió la absolución y dispuso la libertad inmediata de Ovando, aunque los fundamentos del fallo de los doctores Juan Carlos Sosa, Lydia Gallardo y Ángel León se conocerán recién el miércoles que viene. Además, la abogada defensora informó a Télam que los jueces remitieron la causa al juzgado de familia correspondiente, "donde comenzará el trámite de la restitución" de sus once hijos.

Contó también que Ovando vivirá durante los próximos meses en una casa de la parroquia de Eldorado, que tampoco auxilió a tiempo a esta mamá "para que esté cerca de los chicos y se vaya reencontrando con ellos, sobre todo con la beba, que tenía 2 meses en el momento en que la detuvieron".

Rivas informó ayer ante la prensa que cubrió el fallo que comenzarán las gestiones para que Ovando y sus 11 hijos reciban planes de asistencia social y adelantó que se evalúa realizar una presentación ante el Estado provincial para acceder a una vivienda en Posadas.

"No quiero vivir más donde estuve porque hay mucho maltrato", sostuvo Ovando, que denunció también que recibió golpes de su marido.

"Quiero trabajar, seguir estudiando y tener una casa para vivir con mis hijos -planteó ayer-. Ya sé escribir mi nombre y apellido, firmo y aprendí a hacer panes, facturas y bizcochitos..."

Este es el entorno donde viven los niños de esta familia.

 El informe presentado por la Defensoría General de la Nación la definió como "mujer, madre adolescente, familia numerosa, desempleada, sin escolarización, víctima de violencia de género y humilde". La dirigente Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur), que trabajó para la difusión del caso y reunir las firmas, señaló ayer a través de un comunicado de prensa desde Misiones, donde continúa acompañando a Ovando: "La absolución y la libertad de María son un triunfo en la pelea contra la criminalización de la pobreza y por los derechos de las mujeres. Vamos a seguir peleando para que María recupere la dignidad y los derechos que el Estado vulneró y vuelva a reencontrarse con sus hijos, que no ve desde que la llevaron presa". Los abogados de la defensa de la mujer trabajaron ad honorem .

Este caso,  desnudó la persistencia del hambre y sus dramáticas consecuencias en nuestro país, al mismo tiempo que la ausencia de entidades privadas, de colectividades, religiosas o estatales, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, que pudieran paliar parte de las carencias más urgentes de esta familia.

Las mujeres tienen derecho a educación sexual y reproductiva que les permita elegir la cantidad de hijos que desean tener  y el intervalo entre ellos, a parto humanitario, a acceso a la salud y educación pública gratuita, a vivienda y a vestimenta digna, a recibir una asignación que proteja a la madre desde el embarazo, a la "asignación universal" de sus hijos, a alimentación que permita mantener una vida sana, etc. etc. Y por sobre todo a acceder a esa información.

María Ovando recuperó a sus hijas

Las niñas, de 2 y 4 años, pasaron su primera noche con su mamá después de dos años. La Justicia también le otorgó la custodia de una nieta de 7. 

Cinco meses y seis días después de la liberación de María Ovando (37), la jueza de Familia de Eldorado, Margarita Potschka, determinó que sus hijas de 2 y 4 años y su nieta de 7, que se encontraban bajo el cuidado de su abuela paterna en Puerto Esperanza, volvieran con ella.

Tras una breve audiencia realizada el lunes, las tres niñas pasaron su primera noche bajo el mismo techo que su madre.

Dos años y un mes pasaron desde la detención de María, quien fue acusada por el juez Roberto Saldaña de “abandono de persona calificada por la muerte resultante y por el vínculo”, tras el deceso de su hija Carolina en marzo de 2011.

Fuente:
 Diario La Nación, Bs As,  Jueves 29 de noviembre de 2012
Primera Edición. Posadas Martes 7 de mayo de 2013