El reclamo de pueblos originarios por títulos de propiedad de sus tierras a Perón
El 3 de agosto de 1946, a dos meses del inicio del gobierno de Juan Domingo Perón, un grupo de collas sintió ilusiones por las palabras del presidente: la tierra debía ser para quien la trabajase, nació la idea de llevarle el histórico reclamo de restitución de tierras de los pueblos originarios y la entrega de sus títulos comunitarios. Las
tierras originalmente habitadas por los pueblos indígenas en Argentina fueron
totalmente ocupadas por los europeos y sus descendientes criollos.
En algunas regiones los originarios fueron asimilados como "siervos"
por los dueños criollos de las tierras; en otras fueron desplazado y
exterminados. El cobro de arriendos se
realizaba, en muchos casos, por la fuerza, obligando a integrantes de las
familias a trabajar en ingenios azucareros como en San Martín de El Tabacal,
ubicado en Orán, Salta, del cual era dueño el terrateniente Robustiano Patrón
Costas, quien fuera candidato a presidente por el Partido Demócrata
El 31 de agosto de 1945, las
comunidades Kollas en
el noroeste argentino de las provincias de Jujuy y Salta, a través de un grupo de representativos,
envió una nota al Consejo Agrario Nacional demandando la restitución de sus
tierras, de acuerdo a leyes previas. El 17 de enero de 1946 el Pte. Edelmiro Julián Farrell firma el
decreto de expropiación. Pero los fondos necesarios para expropiar y la
documentación seguían retrasados.
Eran fuerzas
contrapuestas a la de los latifundistas tabacaleros y azucareros. Era el
momento propicio para terminar con décadas de atropellos, explotación y
maltratos, soñando con la tierra que les había sido arrebatada.
Los collas veían en
Perón el interlocutor que buscaban, más cuando había afirmado públicamente que la tierra debía ser para quien la
trabajase. Esto, sumado al anuncio que había realizado el Consejo
Agrario a fin de 1945 de que expropiaría
tierras en la Puna para cedérselas a comunidades indígenas, tal como
ellos reclamaron oficialmente a mediados de 1945, terminó por convencerlos.
Fue en la Puna donde
nació la idea de hacer una marcha pacífica hacia la ciudad de Buenos Aires. Lo llamarían “El Malón de la Paz”,
y colaboró en la logística y organización el teniente retirado Mario Augusto Bertonasco, quien ya
había participado en la relocalización de comunidades mapuches en el sur del
país.
https://www.youtube.com/watch?v=ojiHNOx6374
La columna de 174
indígenas, representando a 65 comunidades, partió el 15 de mayo de 1946 desde
Abra Pampa. Debían recorrer cerca de 2000 kilómetros. En carretas, mulas,
burros y hasta a pie se fueron sumando indígenas en Jujuy y Salta. La columna
pasó por Tucumán, Córdoba, Rosario y Luján. En cada lugar, eran
homenajeados asistidos
El malón se desvía hacia Pergamino centro agrícola del N bonaerense, en busca del
apoyo de los pequeños arrendatarios y peones rurales.
Se
sumaron mapuches que también luchaban por la restitución de sus tierras.
Mientras tanto, en el Congreso se discutían
proyectos para atender a sus reclamos. Todos coincidían en que debía haber una reivindicación por el despojo de
sus tierras y era inminente el ingreso de un proyecto de
expropiación de “leguas del norte y que se las entreguen a ellos”, tal como se
anunció en el recinto.
El diputado Nerio Rojas
pidió solucionar “el drama del indio argentino”, mientras que los legisladores
peronistas antes querían estar seguros que detrás de esa pintoresca caravana no
se escondiesen gestores con otras intenciones. Esta última propuesta ganó por
99 votos contra 21. Los líderes indígenas serían recibidos por una comisión
compuesta por los diputados Guillot, Andreotti, García, Rojas y Aráoz. No
tendrían otro contacto con ellos.
En Luján asistieron a un
oficio religioso y el sábado 3 de agosto por la mañana ingresaron a la ciudad
de Buenos Aires por Liniers. En Flores, se sumaron al grupo integrantes de la
Alianza Indoamericana y de centros tradicionalistas. En el Centro Provincianos
Unidos recibieron un refrigerio. Ya en las cercanías de Plaza de Mayo, le
arrojaron flores desde algunos balcones de edificios de la Avenida de Mayo. Alrededor
de la Pirámide, con sus instrumentos musicales tan característicos, rezaron y
se dirigieron hacia la Casa de Gobierno.
Esa mañana, el presidente Juan Perón los saludó,
acompañado por su vicepresidente Hortensio Quijano, desde los balcones de la Casa de Gobierno. Y
luego los recibió en su despacho, donde los collas entregaron un petitorio
lacrado. Perón no lo abrió, pero
les adelantó que sus demandas serían atendidas.
Los indígenas fueron
alojados en el Hotel de
Inmigrantes, bajo la coordinación de la Dirección del Departamento de
Protección Aborígen. Una vez que se acomodaron, el primer mandatario los
visitó. https://www.youtube.com/watch?v=ojiHNOx6374
Un emisario del gobierno les recomendó que regresasen a sus
hogares, que los títulos de propiedad se los enviarían por correo. Los
indígenas, recelosos, se negaron.
En la noche del 27
de agosto, nadie percibió el tren parado detrás del Hotel de Inmigrantes.
Efectivos de la Prefectura Naval entraron para desalojar el establecimiento.
Como encontraron resistencia, se
sumó la Policía Federal que, con
gases lacrimógenos y a fuerza de golpes y empujones, indígenas rodando por las
escaleras, los subieron a la formación, que partió hacia el Jujuy, Abra Pampa,
con una fuerte vigilancia para impedir que pudiesen descender por el
trayecto y sin ninguna respuesta a sus demandas.
Al mes
siguiente, Perón afirmó que los
representantes del Malón de la Paz no representaban los derechos de los
auténticos pobladores indígenas.
En 1949 el
gobierno nacional expropió tierras en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, para devolverlas a sus
originarios, pero esto jamás se realizó.
Pasaron
74 años y ningún gobierno se las entregó. Hoy el reclamo sigue vigente.
Ya en el siglo XXI, 12 años
después de la reforma de la constitución nacional de 1994 que reconoce derechos
de los pueblos indígenas, se desarrolló el Segundo Malón de la Paz. Esta vez
unas 120 comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron en agosto del año
2006, desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52 a la
altura de la localidad de Purmamarca, durante el gobierno peronista de Eduardo
Fellner. El reclamo era el mismo que hace 60 años atrás: la restitución de sus
territorios.
Unos mil indígenas rechazaron la
acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno provincial contra un
fallo judicial -que fue inédito- a favor de las comunidades. El mismo reconocía
los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan e
instaba al gobierno a entregar los títulos de propiedad de las mismas en los
próximos 15 meses. La medida contemplaba la entrega de 1,5 millones de
hectáreas a comunidades kollas y guaraníes de diez departamentos de Jujuy.
Ante la falta de respuesta los
indígenas cortaron las rutas durante varios días hasta tener respuestas del
gobernador Fellner e incluso enviaron un escrito al entonces presidente, Néstor
Kirchner, para que pueda interferir. La medida fue levantada con la promesa de
entrega de 29 títulos comunitarios en el 2006 (un 25% según el gobierno) y el
resto durante el 2007, las cuales otra vez quedaron en el aire.
Actualmente autoridades de
diversas comunidades originarias de Jujuy afirman que hasta el momento
solamente se entregaron alrededor de 50 títulos comunitarios de tierras,
habiendo en Jujuy más de 250 comunidades con personería jurídica y más de 300
que se reconocen como tales.
El Programa de Relevamiento Territorial Indígena (ReTeCI) iniciado en el año
2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue denunciando por las
comunidades y sus organizaciones por el bajo nivel de relevamiento y la enorme
cantidad de fondos destinados. Esta situación llevó a una tensión constante y
conflictos como sucede en Neuquén, Chubut, Río Negro, Formosa, Salta o Jujuy.
La
restitución de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas de Jujuy
sigue siendo un derecho negado por los distintos gobiernos de turno, que siguen
avalando un modelo de desarrollo productivo que va en detrimento de los
derechos de los pueblos originarios y a favor del negocio capitalista de las
empresas multinacionales vinculadas a la minería, el negocio de la energía
solar, el turismo y la extensión de la frontera agropecuaria con el monocultivo
de la soja o de la caña de azúcar.
El saqueo de los recursos
naturales y la explotación minera por parte de multinacionales como la suiza
Glencore en Compañía Mina El Aguilar, reúne casi 100 mil has. en territorio
indígena y avanza la extranjerización de las tierras en esos territorios, como
menciona recientemente un estudio (((http://www.chequeado.com/investigacion/quienes-son-los-duenos-de-las-tierras-en-la-argentina/))) que da cuenta de que el
26.1 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras,
11.1 % más de lo permitido).
Además de negarles los títulos
comunitarios de sus tierras, Gerardo Morales hizo votar en la Legislatura a
principios del 2016 la Ley 5915, de Servidumbre, que avasalla el derecho de los
pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada (garantizada por el
Convenio 169 de la OIT, aprobado por la ley 24.071) y del uso y manejo de sus
territorios respetando su cultura, modo de vida y producción. Por debajo de las
tierras ancestrales pasan gasoductos para generar millones en ganancias de
empresarios con el negocio de los servicios esenciales, aunque las familias que
viven ahí en su mayoría no cuentan con gas natural.
Se pretende desarrollar la
producción de energía solar en esos territorios para que todo se lleven los
empresarios chinos y el saqueo de minerales como el litio por parte de
multinacionales como Toyota o Mitsubishi, mientras las familias de la puna y la
quebrada engrosan las filas de la pobreza. Actualmente existen varios
conflictos y denuncias de comunidades originarias, como las de la Cuenca de
Salinas Grandes y Guayatayoc, que visibilizan distintos atropellos del
gobierno, empresarios y terratenientes, sin garantizar si quiera la consulta
previa, libre e informada.
La restitución y títulos
comunitarios de las tierras ancestrales indígenas, un reclamo vigente
La prórroga de la Ley 26.160 que
suspende los desalojos de las comunidades indígenas del país hasta que se
culmine con el relevamiento territorial es un paso adelante para la entrega de
los títulos comunitarios indígenas, aunque insuficiente ya que no los
garantiza. Esta ley fue producto de la movilización y la lucha de los pueblos
originarios durante años a costa de persecución, criminalización por luchar e
incluso asesinatos, que avalaron todos los gobiernos de turno del PJ y la UCR o
ahora la coalición Cambiemos.
Art 75 Inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Óleo de Antonio Berni. Jujuy mostrando un colorido mercado colla.
